Existe un número creciente de personas sensibilizadas con la idea de avanzar hacia una sociedad diferente, más justa, solidaria y humana, que intentan hacerla realidad mediante su trabajo en diferentes ámbitos, y que perciben que uno de los medios con que cuentan para realizar esta transformación, que es su ahorro, es utilizado precisamente para reforzar y consolidar valores de un modelo social, económico y cultural opuesto a esta idea de transformación.

Cuando se analizan en profundidad los grandes flujos económicos y sus consecuencias vemos cómo sistemáticamente potencian el modelo económico y social imperante a costa de los países o personas de menor poder económico, con unas consecuencias negativas que están a la vista.

El sistema financiero tradicional no da respuesta a los deseos y necesidades de un sector de las y los ahorradores.

Para nadie es una novedad que el sistema financiero es conservador y que, al regirse de modo casi exclusivo por criterios de beneficios y tamaño, contribuye a incrementar las diferencias de renta y riqueza, fomenta el consumo irresponsable, y consolida la exclusión social de los sectores más desfavorecidos.

Tradicionalmente se ha reconocido al dinero la función de ser unidad de cambio (todo, o casi todo, se valora en términos monetarios), así como la de ser depósito de valor. La combinación de estas dos funciones nos conduce a otra de la que no se suele hablar en los tratados de economía: El dinero, o mejor la posibilidad de decidir su uso, es una fuente de poder, y ese poder, que en buena lógica pertenecería a sus propietarios/as, es decir a los ahorradores/as, es ejercido por las entidades financieras en función de sus propios intereses, sin dar cuenta a los ahorradores/as, y sin que estos puedan ejercer ningún tipo de control.

Esto supone, en definitiva, que el sistema financiero no sólo se apropia de una parte significativa de la rentabilidad puramente económica del ahorro, sino que utiliza para sus propios fines en su totalidad el poder que lleva aparejado el manejo de estos recursos.

El sistema financiero convencional no contempla la posibilidad de financiar algunos tipos de empresas y proyectos.

Cuando examinamos el comportamiento del sistema financiero desde el punto de vista de quienes se acercan al mismo como demandantes de recursos financieros, las conclusiones no son mejores.

En la actualidad existe una amplia oferta de créditos y préstamos. Sin embargo, los criterios de concesión suelen basarse principalmente en la existencia de garantías propias (propiedad de bienes o recursos) o ajenas (avales), con lo que se hace buena en muchos casos la conocida fraselos bancos sólo dan dinero a quien demuestra no necesitarlo.

Por lo que se refiere a la financiación de proyectos de economía social y solidaria, la utilización de estos criterios funciona a menudo como una barrera infranqueable para una serie de promotores y emprendedores que por su propia situación (iniciativas de inserción social, de autoempleo, etc) o por la naturaleza o dimensión de sus proyectos (actividades alternativas, innovadoras, o no encaminadas al beneficio únicamente económico) carecen de recursos iniciales.

La palabra crédito, que tiene que ver con creer en alguien, con confiar, en el marco de una relación humana, pierde así completamente su significado, y como consecuencia, toda una serie de iniciativas y actividades socialmente útiles quedan excluidas del circuito bancario de financiación.

Como respuesta a este tipo de reflexiones, desde distintos colectivos ha surgido una colección de experiencias con muy diversas características y grados de efectividad y concreción, pero que tienen en común el objetivo de intentar ampliar el abanico de posibilidades de ahorro e inversión a operativas diferentes, que partan de otras bases, busquen una finalidad más social que monetaria, y ofrezcan cauces alternativos a todas aquellas personas defraudadas por el uso que de su ahorro se está haciendo.

En este sentido, pensamos que una financiación solidaria y diferente debe partir de unos principios básicos:

• El/la ahorrador/a tiene derecho a saber de qué modo se está utilizando su dinero; qué proyectos, ideas o empresas se están financiando con él

• Los recursos económicos deben utilizarse con un provecho social, creando empleo, ayudando a la inserción sociolaboral de personas excluidas, proveyendo de productos o servicios de utilidad social, apoyando procesos productivos limpios, etc.

• Las entidades promotoras de fórmulas financieras alternativas no deben centrarse únicamente en la recuperación de las cantidades prestadas o invertidas, sino también realizar labores de apoyo en la medida de sus posibilidades.

• Los recursos económicos deben invertirse en proyectos viables, de manera que no se incurra en pérdidas que defrauden las expectativas de los/as ahorradores/as o mermen la capacidad de reutilización de tales recursos.

• Pensamos, en definitiva, en una gestión financiera que no persiga fines lucrativos, sino que manifieste una decidida vocación social.

Por todo ello, resulta necesario proponer nuevas formas financieras que den respuesta a las inquietudes de todas aquellas personas que creen en una economía diferente, y que quieren que la utilización de sus ahorros esté en consonancia con sus planteamientos éticos y vitales.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue capturado hoy por militares y conducido a una base militar en Tegucilpa, el mismo día en que se celebra una consulta popular para la posible covocatoria a un referéndum de reforma constitucional, informaron medios locales.

“Se llevaron al presidente de su casa militares para la fuerza aérea. Estamos haciendo la denuncia internacional”, dijo el secretario. El presidente tenía decidido este domingo llevar a cabo una encuesta en las urnas, que había sido declarada ilegal tanto por la justicia ordinaria como por la electoral.

Según un testigo entrevistado por Radiocadena Voces, cuatro comandos de unos 200 soldados llegaron a la residencia del presidente hacia las seis de la mañana. Los militares realizaron “cuatro disparos” y después salieron en tres vehículos rumbo a la base aérea. Su residencia privada estaba rodeada por decenas de militares fuertemente armados, confirmó un fotógrafo de la AFP. Las retransmisiones del canal 8 de televisión, gubernamental, salieron del aire.

Momentos antes, el presentador de las noticias anunció: “Parece que los militares vienen hacia aquí”. Segundos antes, llegó a pedir a la población que se concentrara en la plaza de la Libertad.

La Corporación Mondragón está compuesta por 264 empresas y entidades que se dividen principalmente en tres sectores, financiero, industrial y distribución, además de abarcar también las áreas de investigación y formación.

Entre los proyectos empresariales que lleva actualmente a cabo la Corporación Mondragón, el principal lo constituye la creación de un polígono industrial en China, cerca de su capital económica, Shanghái, si bien este proceso de internacionalización ya había extendido antes la presencia de la cooperativa a otros 16 países como por ejemplo India y Rusia. Se prevé que China se convierta en el primer suministrador de la cooperativa en un plazo de tres años, con un 25% de sus importaciones además de centrar allí alrededor de un 15% de su producción.

“Historia de una Experiencia” expone, de forma resumida, las principales fases de la historia de MONDRAGON desde su creación en 1956 hasta su situación actual. También incide en el soporte ideológico que ha hecho posible su desarrollo y en el que continúa basando su actuación.

más información en http://www.mcc.es/esp/quienessomos/historiaMCC_esp.pdf

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) desde su área de educación ha realizado un video muy bueno sobre la situación educativa en la ciudad de Buenos Aires.

Recomendamos fuertemente que puedan verlo así como conocer otros materiales desarrollados por ellos.www.acij.org.ar

Y les mandamos nuestra gran felicitación por esta y otras producciones que nos enorgullecen como parte del sector de organizaciones sociales que luchamos por una educación de calidad para todos y todas.

El premio COMUNIDAD A LA EDUCACION está destinado a destacar iniciativas de escuelas de todo el país que apuesten a mejorar la calidad de la educación brindada a alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El concurso, tiene como propósito difundir estrategias que apunten a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, y fomentar la réplica de los modelos premiados por parte de otras instituciones educativas.

El premio consiste en 30.000 $ y un video documental para cada uno de los cuatro proyectos de escuelas ganadoras.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 10 de Agosto de 2009. 

+ información: http://premio.fundacionlanacion.org.ar

El presente trabajo es el resultado de un relevamiento de campo desarrollado durante 2006-2007 sobre los actores involucrados en la cadena de valor de la Industria Textil y de Indumentaria en Argentina, que directa o indirectamente están vinculados a la problemática del trabajo esclavo en los talleres de confección. La investigación, realizada en conjunto por Fundación El Otro (www.elotro.org.ar) y la organización interrupción* (www.interrupcion.net), es la continuación del estudio realizado en 2004- 2005 sobre esta misma industria, en el que se hizo foco sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral y especialmente en la precariedad de las trabajadoras a domicilio. Éstas, al igual que los talleres, constituyen el primer y esencial eslabón dentro de la confección. Ambas investigaciones se enmarcan en el trabajo que lleva adelante la Red Puentes, cuya misión es promover el desarrollo de la cultura y las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en los países latinoamericanos desde la perspectiva, visiones y derechos de sus sociedades civiles. La red está integrada por 52 organizaciones sociales de 8 países de América Latina y Europa (www.redpuentes.org). En la presente investigación ilustramos cómo la responsabilidad de las empresas debería ir mucho más allá del mero cumplimiento de la Ley y cuál es el rol de Estado en este sentido. Para ello realizamos un análisis integral de la problemática laboral en la industria de indumentaria, donde se identifican todos los principales referentes y actores involucrados, y se analizan los posibles escenarios de acción conjunta para iniciar un camino común, y la eventual elaboración de una política pública para el sector.

El incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el taller ilegal de Luis Viale, barrio de Flores (Buenos Aires), donde murieron 2 costureros y 4 niños, fue el detonante para que tomaran un mayor estado público los reclamos que venían realizando durante los últimos años organizaciones sociales como la Union de Trabajadores Costureros, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, en relación al trabajo esclavo en el sector de indumentaria. La situación también profundizó sus matices a partir de las denuncias presentadas durante 2006 por la Unión de Trabajadores Costureros, que involucraron a mas de 70 marcas de reconocido nombre en el mercado local, donde se comprobó la existencia de talleres textiles clandestinos con violaciones a la dignidad de los trabajadores: extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento bajo engaños, retención de los documentos de identidad, explotación abusando de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, situaciones de semi encierro o reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades como la tuberculosis, alimentación precaria e intimidaciones a los trabajadores. La cadena de valor de la industria de indumentaria es compleja y de díficil fiscalización. La mayoría de la producción se encuentra tercerizada fuera de las empresas, generalmente en más de un taller. La masa crítica de talleres efectivos donde las empresas-marcas tercerizan su producción es incalculable, en parte debido a la informalidad característica del sector y su atomización, y en parte debido al terror impuesto por la coerción de los dueños de talleres clandestinos donde existe trabajo esclavo. Por otro lado, la normativa espécifica que regula las relaciones entre los talleristas y las empresas-marcas dadoras de trabajo, no fue aplicada como correspodía durante un largo período, debido a desinteligencias en materia de competencias jurisdiccionales y a la falta de decisión politica. Se estima que el 80% de la confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o violando los derechos humanos básicos. A lo largo de la investigación comprobamos que talleres como el de Luis Viale, donde los trabajadores corren riesgo de muerte por las malas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no son hechos aislados: son el reflejo de un sistema de producción, que provee a empresas-marcas importantes, basado principalmente en la explotación de inmigrantes vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, así como de argentinos desempleados sometidos al mismo trato. Paralelamente, la gran mayoría del resto del sector de indumentaria, si bien no estan vinculados a proveedores en estas condiciones de trabajo, son provistos por talleres informales donde los trabajadores no están registrados. Son varios los factores que permitieron que este sistema de producción ilegal sea la regla y no la excepción: el alto grado de informalidad que caracteriza al sector, la precarización del mercado laboral característica de la década del 90´, la irresponsabilidad de las principales empresas-marcas respecto a la calidad de su cadena de valor (especialmente respecto a los talleres que las proveen), y la falta de decisión politica en los distintos niveles de gobierno para que existiera un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los talleres así como un programa nacional integral de asistencia a las victimas de trata con fines de explotación laboral. Quizás resulte útil exponer algunos números que den cuenta de la envergadura del problema: - Se estima que los talleres de confección explican el 25% de la problemática del trabajo con fines de explotación laboral, mientras que 3 de cada 4 trabajadores del sector no están registrados - Los inmigrantes bolivianos victimas de trata con fines de explotación sexual y laboral en Argentina se estima sean entre 100.000 y 130.000. - El 20% del PBI boliviano es explicado por las remesas declaradas de los talleres de confección radicados en Argentina. La trata de personas no sólo perjudica y pone en evidencia la precaria situación de la industria textil argentina, sino que también resalta la responsabilidad del gobierno argentino en el marco internacional de los Derechos Humanos promulgados por el Protocolo de Palermo contra el crimen organizado de la trata de personas. Es por eso que, la reciente destitución del embajador y el cónsul bolivianos por “negligencias profesionales”, ambos vinculados con la problemática de la trata de personas con fines de explotación en la Argentina, podría llegar a generar un nuevo impulso para que los gobiernos boliviano y argentino empiecen a cooperar en función de resolver esta problemática.

Hacia una solución conjunta en el sector 

Según las entrevistas de campo realizadas, se pone en evidencia que a raíz de la movilización social de las organizaciones vinculadas a las víctimas y al posicionamiento de la problemática en los medios, los distintos actores comienzan a manifestar mayor sensibilización frente a la problemática y consecuentemente mayor acción. En el ámbito nacional, la recuperación de las facultades por parte del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social en materia de supervisión del trabajo en las jurisdicciones locales permitirá, a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, reestablecer el foco en la disminuición del trabajo no registrado y combatir la indocumentación de los inmigrantes a través del plan Patria Grande. Mientras que en el ámbito local, la Subsecretaria de Empleo, Producción y Desarrollo Profesional del GCBA puso en marcha hace un año todo lo referente a la regulación del trabajo en su jurisdicción (como la policía de trabajo) y próximamente tendrá la competencia de la Ley de Trabajo a Domicilio (que data de 1941). Desde esta autoridad se intenta abordar la problemática de una manera integral, sensibilizando a las víctimas para que denuncien a los talleres, articulándose con actores sociales para la reinserción laboral de los trabajadores, promoviendo inspecciones preventivas en talleres para que regularicen su situacion y difundiendo el programa de certificación de la cadena de valor para las empresas del sector diseñado por el INTI, entre otras. Herramientas como la Certificación de Comportamiento Socialmente Responsable, diseñada y puesta en marcha por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), son fundamentales para el sector ya que permiten darle visibilidad a aquellas empresas- marcas que quieren diferenciarse por tener una cadena de proveedores limpia¨de trabajo esclavo, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia.

En cuanto al sector sindical, existe pleno conocimiento de la problemática. El interés principal está puesto en lograr el mayor registro de sus trabajadores por parte de las empresas, garantizando el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo así como en la sensibilización de los trabajadores en materia sindical. Los sindicatos deberían oficiar de canales fértiles para abordar la problemática de la informalidad en el sector. En cuanto al sector privado, la presión por parte de los stakeholders o grupos de interés de las empresas resulta fundamental para que éstas asuman cada vez mas responsabilidad respecto a su cadena de valor. Para que esta demanda sea equitativa y no genere distorsiones dentro del sector, es necesario diferenciar por tipo y tamaño de empresa: no todas están en las mismas condiciones, y no todas tienen la misma responsabilidad. Resulta fundamental analizar el share del mercado de cada grupo y el nivel de ocupación que presenta para determinar las medidas que comulgan con los objetivos. La necesaria formalización del sector trae aparejado el incremento de los costos, y de no existir mecanismos especificos para determinar la composición mas justa y equitativa del precio establecido en cada eslabon de la cadena, este incremento inicial será directamente trasladado al precio final que pagará el consumidor.

La ciudadanía también debe intervenir con su poder de presión a través del consumo de aquellos productos que provengan de cadenas de valor responsables, donde esté garantizada la calidad no solo de la prenda sino también del tipo de trabajo que esta conlleva. A la luz de lo expuesto, el problema parecería estar resuelto, pero nos preguntamos si es esto suficiente para combatir el trabajo informal y el trabajo ilegal. Los escenarios posibles de acción conjunta entre los actores son factibles en la medida en que exista dialogo entre el sector estatal, privado y sindical. Es en éste ámbito donde se debería dar la discusión necesaria para diseñar politicas, tomar medidas realistas y equitativas en el sector generando los incentivos económicos y políticos necesarios para que trabajar con una cadena de valor bajo condiciones de esclavitud ya no sea rentable para nadie.

más información en http://traslaetiqueta.wordpress.com

Para muchos autores especializados, el viento patagónico es el de mejor calidad en todo el mundo como recurso continental, y esta calidad se mide en persistencia y velocidad.

Es el viento de los “rugientes cuarenta” típico es de las altas latitudes australes: se origina del vacío generado por ascenso de aire caliente en los trópicos, la presión positiva anticiclónica del Pacífico y el Atlántico Sur, y las fuerzas rotativas de Coriolis que deflectan hacia el este las masas de aire “aspiradas” hacia los trópicos.

El resultado es un formidable desplazamiento eólico desde distintos cuadrantes, con predominio del sudoeste, a través de la delgada península interoceánica que forma la Patagonia. En el resto del mundo sólo se consiguen vientos de persistencia o energía equivalentes en algunas islas del Mar del Norte y del Pacífico Norte, o en instalaciones “off shore”.

La Patagonia, con sus ríos represables, su petróleo y su gas, ha sido durante casi un siglo el gran “enchufe” energético de la Argentina. Pero los hidrocarburos se van agotando, y los ríos están sujetos a grandes variaciones de caudal por las oscilaciones climáticas globales, como los ciclos “Niño/Niña”. Los años “de seca” simultánea en las cuencas del Limay y de los grandes ríos de llanura del norte (Paraná yUruguay), la región metropolitana entra en crisis eléctrica.

El viento, sin embargo, persiste: es el recurso más inagotable e invariable de la Patagonia, por definición, pero sigue casi sin explotarse. En estas páginas tratamos de explicar por qué, ofrecemos algunas posibles soluciones y hablamos de nuestros proyectos al respecto.

Pero además de ideas, mostramos herramientas propias y concretas para explotar el viento, las turbinas IVS, desarrolladas y mejoradas a lo largo de más de una década. A fecha de hoy son los molinos que mejor soportan las bruscas aceleraciones de un viento que suele demoler equipos diseñados para un recurso menos salvaje. Además de más robustos, nuestros molinos son mucho más baratos que los importados y tienen servicio técnico y respuestos asegurados. Nuestro compromiso con el cliente argentino no depende de los bandazos cambiarios.

Creemos que lo único que puede dar pie a un desarrollo eólico serio de la Argentina es contar con una industria propia, basada en una tecnología propia. Estamos en ese camino.

Dicho camino empezó en 1981, cuando nuestra empresa fabricó e instaló estaciones medidoras robotizadas diseñadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Así se encontraron sitios para futuras “ granjas eólicas”, como Pampa del Castillo en Chubut, o Cerro Policía y las inmediaciones de Pilcaniyeu en Río Negro. INVAP puso a punto también herramientas de cálculo y simulación numérica del comportamiento del viento. Hoy seguimos investigando el recurso en otros lugares del país, incluída la Provincia de Buenos Aires.

El futuro de esta historia es previsible: pensamos desarrollar máquinas de gran potencia, y ser artífices de los futuros grandes parques eólicos de la Argentina.

El Parque Eólico de Comodoro Rivadavia, fue -y sigue siendo- la mayor inversión argentina en electricidad eólica. ¿Qué impidió que este excelente ejemplo fuera imitado en toda la Patagonia y en la costa bonaerense, donde sobra viento? La falta de equipos de tecnología nacional a costos razonables, los bajos precios de la electricidad, las condiciones monopólicas de la privatización del mercado eléctrico, la falta de una política real de promoción… INVAP INGENIERÍA puede y quiere resolver al menos uno de estos problemas, y hacer una turbina de gran potencia totalmente argentina mas informacion en http://www.invap.net/indus/eolica/situacion.html

En 1996, solamente 2.500 de los diez millones o más toneladas de banano comercializado a nivel mundial fueron vendidos con la etiqueta de comercio justo. Ninguno de ellos estuvo disponible en el Reino Unido y ningún supermercado los almacenó. Estos bananos “alternativos” fueron vendidos solamente en pequeñas tiendas independientes o a través de cooperativas de consumidores en Alemania, Suiza, Bélgica y Japón.

En abril de 2002, gracias a la acción coordinada por consumidores y alianzas internacionales de sindicatos, asociaciones de productores y organizaciones no gubernamentales, los bananos con una garantía de “comercio justo” también estuvieron disponibles en los supermercados en trece países europeos. Diez años después de su lanzamiento, más de 100.000 toneladas de los 14 millones de toneladas comercializadas a nivel mundial son producidas y vendidas con la etiqueta de comercio justo, un aumento multiplicado por cuarenta. Para el 2005, los bananos con la etiqueta de comercio justo ocuparon casi el 50% del mercado bananero suizo, mientras que en el Reino Unido, la participación en el mercado alcanzó más del 5% en solo cinco años.

Hasta el 2002, los bananos con etiquetas de comercio justo fueron comercializados a los consumidores británicos utilizando la “marca comercio justo” y en Suecia bajo el “Rattvisemarkt”. En el resto de Europa, Norteamérica y Japón, existieron etiquetas nacionales llevando el nombre de las fundaciones “Max Havelaar” o “Transfair”. Estas etiquetas garantizan que los bananos han sido producidos bajo ciertas normas y que el productor recibe un precio justo más una prima por invertir en mejoras sociales y ambientales.

El sistema de Comercio Justo incorpora el principio de “internalizacion de los costos” (por ejemplo, incluyendo el costo de derechos sociales y protección ambiental en el precio pagado por el consumidor). Bajo el criterio de FLO, a los productores se les garantiza un precio mínimo que es calculado para cubrir el costo total de producción más un margen razonable para satisfacer las necesidades básicas. Una prima sustancial también es pagada, la cual puede ser invertida hacia mejoras sociales y ambientales.

En el caso de las organizaciones de pequeños productores, los miembros deciden democráticamente cómo gastar la prima en su comunidad. En las grandes plantaciones certificadas por FLO, la prima está dirigida a beneficiar a los trabajadores quienes están alentados a organizarse en sindicatos independientes.

Los criterios sociales también incluyen otras normas internacionales de trabajo, sanitarias y seguridad. Las organizaciones también deben trabajar con el fin de eliminar todo tipo de discriminación por género. Adicionalmente, los mismos productores se comprometen a disminuir la aplicación de químicos, a proteger el agua, tierra y vida salvaje y a reducir y/o convertir los desechos en abono.

A finales de 2005, los bananos frescos de comercio justo, bananos fritos y puré fueron exportados por pequeñas asociaciones de productores o cooperativas y plantaciones de Ecuador, República Dominicana, Colombia, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, Granada, Ghana, Costa Rica, Perú y Brasil. Todas las organizaciones en Perú y República Dominicana, al igual que algunas de ellas en Ecuador, producen bananos orgánicos.

A inicios del siglo XXI, el comercio internacional de bananos enfrentó la crisis más profunda en sus 100 años de historia. Las visiones, principios y prácticas de comercio justo son más necesitadas que nunca ya que la industria de billones de dólares esta yendo a través de cambios rápidos y sin precedentes. Trabajando en conjunto, consumidores y productores han desafiado a la industria a un cambio para que cubra con las demandas de una producción sostenible y comercio justo. Actualmente, nadie en la industria bananera desconoce este reto, pero todavía hay mucho más por hacer.

En las Islas de Barlovento, gracias al trabajo de la Asociación de Productores de las Islas de Barlovento, WINFA y gracias a los consumidores británicos, la etiqueta de comercio justo se ha convertido en una esperanza de sobrevivencia de la industria bananera en un mercado europeo de banano cada vez más liberalizado. A finales de 2005, más de la mitad de las exportaciones de las cuatro islas fueron certificadas con comercio justo, con algunos 40 grupos de productores de la comunidad, que incluyen 3000 fincas. Tres de cada diez productores son mujeres. La industria está buscando convertirse enteramente en una producción comercio justo durante los próximos meses y años.